Un proyecto de ley que modifica los elementos de la controversial Medida 110 de Oregon exige repenalizar la posesión de drogas e invertir más dinero en nuevos programas para el tratamiento por drogas. El proyecto de ley 4002 fue aprobado por la Cámara de Representantes de Oregon el 29 de febrero y por el Senado de Oregon el 1 de marzo.
HB 4002 tiene como fin ayudar con la crisis por las drogas en Oregon al cambiar las políticas en relación al uso de drogas, a la prevención y al acceso para el tratamiento por lo establecido por la Medida 110 en 2020.
El 29 de septiembre, los legisladores anunciaron la creación del Comité Interino Conjunto sobre las Adicciones y Respuesta de Seguridad Comunitaria para servir como un centro legislativo que determina los pasos para abordar la crisis de drogas en Oregon.
Los componentes clave de HB 4002, aparte de lo establecido por la Medida 110, incluye una ampliación del tratamiento de drogas y de los servicios para la salud conductual, aumentando el acceso al tratamiento asistido por medicamentos e interviniendo con el uso público de drogas mientras que se derivan a los habitantes de Oregon con los servicios de tratamiento por medio de programas de desvío.
El proyecto de ley crea un nuevo delito no clasificado, que resulta en un arresto o citatorio por posesión de una substancia controlada. Aquellas personas arrestadas o que reciban un citatorio debido a la relación con las drogas, recibirán una derivación directa para recibir tratamiento.
Si completan su tratamiento, su caso se destituye. Aquellos que no lleven a cabo el tratamiento podrían ser sentenciados y estar bajo libertad condicional.
Según el Representante Jason Kropf (D-OR54), representante de Bend y vicepresidente del comité conjunto, esto crearía una conexión inmediata entre las personas y las alternativas de tratamiento.
Kropf le comentó a the Source Weekly que la Medida 110 ayudó ampliar los centros de tratamiento y el acceso a la recuperación, pero fue retante al tener que intervenir con el consumo de drogas.
La idea de HB 4002 es presentar, conectar y presionar a la gente a recibir tratamiento como una alternativa en vez de ir a los tribunales o a prisión, teniendo en cuenta el impacto que crea el ser parte del sistema jurídico penal. "Queremos que haya tratamiento y recuperación en cuestión a esta acusación, no la prisión," comentó Kropf.
Esto se hará por medio de la creación del proyecto para programas de desviación, un programa en colaboración entre las fuerzas policiales y el sistema de salud conductual que ayuda a conectar a las personas con los centros de tratamientos comunitarios para los trastornos por el uso de sustancias y/o por trastornos de salud conductual.
En los condados que intentan crear programas de desvío, las autoridades derivan o desvían a una persona a estos programas, en lugar de arrestarlos o enjuiciarlos por un cargo relacionado con las drogas. HB 4002 permite, pero no requiere, que los condados generen sus respectivos programas de desviación.
Según Kropf, 23 condados, incluyendo en Condado de Deschutes y el de Crook se han registrado. El fiscal del distrito Steve Gunnels mostró su apoyo por medio de esta carta de compromiso.
La revocación del proyecto relacionado con la política de drogas expuesto por la Medida 110 en 2020 ha desatado debate por parte de varias personas y grupos, incluyendo a Alise Davis, directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro de Imagine Black en Oregon, a quien le preocupan las repercusiones de este proyecto de ley.
Un reporte de impacto etnico y racial de parte de la Comisión de Justicia Penal de Oregon predice que el proyecto repercutirá directamente en las persona Negras y AfroAmericanas.
Según Davis, estudios muestran que los habitantes Negros de Oregon son enjuiciados el doble por pocesión de drogas comparado a los habitantes blancos, aunque el índice del uso es similar.
Un componente de HB 4002 pretende monitorear la interacción de las fuerzas policiacas para ver si se presentan desigualdades raciales y demográficas. Según Kropf, esto sucederá por medio de una mayor supervisión y de recopilación de datos. Las fuerzas de trabajo y los comités de supervisión que se presentan junto con este proyecto de ley realizarán un seguimiento de todo aquel que interactúe con las autoridades o que asista a un programa de desvío.
